La Convención dura seis meses, pero la insólita brecha entre lo que ganan los funcionarios en relación a un trabajador, continuará después. Salvo que tomemos conciencia y actuemos en consecuencia. Los socialistas elaboramos un proyecto para que las cosas no sigan siendo así. La indignación ante la obscenidad debe transformarse en apoyo explícito a esta propuesta.
Por Américo Schvartzman*
Las remuneraciones de los funcionarios políticos, electivos o no, es habitualmente un tema tabú en nuestra sociedad. Esto no debería ser así. En una sociedad democrática, como muchos asuntos, una decisión de ese tipo también deberíamos tomarla entre todos. Por ello es que elaboramos un proyecto en el marco de la reforma de la Constitución, precisamente para que a partir de su aprobación las cosas sean diferentes.
Vamos por partes: en primer lugar, la remuneración de los convencionales no la fija la Convención, sino la propia Constitución, cuando dice en su artículo 221 que los representantes que reformarán la carta magna "gozarán de las mismas inmunidades y remuneración que los diputados provinciales". A la vez, vale aclarar que los diputados suelen cobrar lo mismo (o incluso menos) que los senadores provinciales. Es decir que la suma que hoy espanta a todo aquel que vive de un sueldo (y que cada convencional cobrará durante los seis meses que dure el proceso de reforma) es lo que cada diputado y senador percibe y seguirá percibiendo durante los próximos cuatro años. (Una digresión, de paso: gracias a esto pudimos enterarnos de cuánto gana un representante del pueblo. Hasta entonces, era prácticamente imposible acceder a esa información, de lo que puedo dar fe por mi labor periodística).
No serán 18.000, según se aclara oficialmente, sino bastante menos (12.959, según la planilla aprobada). Cada uno de nosotros, cada convencional explicará seguramente que otro porcentaje se descuenta como aporte partidario; otro, que donará una parte a entidades de bien público; algún otro tendrá fundadas razones para utilizar esos fondos en la actividad partidaria, sobre todo en los partidos más chicos, con la convicción de que así impulsa cambios; otro privilegiará otro tipo de cambio, el del modelo de su automóvil o su casa; en fin, cada uno podrá dar cuenta de cómo utilizará tan importante suma. En el sentido inverso, otros comunicadores añaden a la remuneración los contratos para asesoramiento, con lo cual hacen trepar la cifra hasta la cantidad astronómica de 28.000. (Aquel que en efecto lo hiciera, estaría además malversando fondos...) ¿Qué importancia tienen esas elucubraciones, en realidad? Para quien percibe el sueldo básico de 1.102,32 en la administración pública, la cifra sigue siendo obscena e inalcanzable, aunque no llegara a los 10.000 pesos.
Algunos de los que hacemos política desde hace más de dos décadas estamos en esta pelea por razones bien diferentes que las dinerarias, por más que sea difícil de entender por parte de quienes miden vidas en monedas y daños ambientales en penalizaciones pecuniarias. Quienes integramos el Partido Socialista no permanecemos impávidos ante esta situación: siempre hemos planteado la necesidad de la austeridad y la transparencia. Ahora tenemos la posibilidad de convertir esa convicción en un cambio institucional, porque como Carlos Sánchez Viamonte, "creemos, porque no es posible corregir a los hombres, que conviene corregir a las instituciones".
Por esa razón elaboramos un proyecto de texto para incluir en nuestra Carta Magna, que pretende dar una respuesta a este asunto, estableciendo dos cuestiones principales:
-1º, el sueldo del gobernador o gobernadora de la provincia como tope de la administración pública. Es decir, que nadie en ninguno de los tres poderes del Estado, pueda ganar más que quien dirige los destinos del Ejecutivo.
-2º, que su sueldo no pueda ser mayor a diez (10) sueldos básicos del agente de menor categoría de la administración pública. Con lo cual, en la actualidad, nadie podría ganar más de 11.023 pesos en los tres poderes en la Provincia.
Los ejemplos para fundamentar esta propuesta son muchos, pero podemos citar algunos antecedentes:
· Reformas constitucionales provinciales recientes han establecido que ningún funcionario público, cualquiera sea el poder en que preste servicios, puede percibir una remuneración superior a la fijada para el gobernador. Concretamente lo establecen el artículo 76 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y el artículo 73 de la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego.
· En países que han alcanzado un grado de desarrollo democrático considerable, como España o Suecia, el sueldo del jefe del Estado tiene relación con el mínimo de la administración pública, y opera como referencia. Así, el presidente del Estado español gana algo menos de siete salarios mínimos. En el caso de Suecia, quizás al tope de la equidad en la administración, con sueldos básicos que se cuentan entre los más elevados de Europa, la relación es de cinco a uno.
· Recientemente, el gobernador de la vecina provincia de Santa Fe, Hermes Binner, anunció que el sueldo del gobernador se fijará en el marco de la discusión paritaria para todos los empleados públicos, y será la escala más alta de la administración pública local.
Podría habilitarse otro debate: ¿está bien que sean diez sueldos? ¿Por qué no siete, como en España? De paso, ello obligaría a la dirigencia gubernamental a elevar los sueldos básicos de los trabajadores. Invitamos a opinar en este sentido, y a fundamentar posibilidades.
Esta discusión y esta transformación debemos darla entre todos. Para ello es preciso comprometerse, tomar partido, intervenir en los ámbitos de decisión. Quienes queremos cambios necesitamos que las organizaciones sociales, los ciudadanos, los comunicadores, los vecinos… todos, tomen conciencia y actúen en consecuencia.
Tomar partido significa que entre todos exijamos a los convencionales primero, y a los legisladores después, que modifiquen las reglas para que esto cambie. Como lo planteara en alguna ocasión Guillermo Estévez Boero, es un error creer que el problema de la reforma política puede resolverse cambiando a las personas que detentan el poder, y dejando intactas las estructuras de ese poder injusto. A modificar las reglas que las rigen, es a lo que seguimos convocando los socialistas. Esperamos y deseamos que la indignación ante la obscenidad se transforme, coherentemente, en acción explícita y expresa de apoyo a esta propuesta.
* El autor es periodiosta, convencional constituyente, miembro del bloque Partido Socialista / Coalición Cívica
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