1º) No se debería autorizar con tanta celeridad un incremento de un servicio público sin tratamiento y consenso previo con la participación del Honorable Concejo Deliberante que convoque a una audiencia pública o mesa de debate al principal sector afectado: "El usuario del servicio publico de transporte", para así llevar a cabo un serio y profundo análisis, con exposición de costos y su influencia en el precio del boleto, que avalen un incremento de semejante magnitud.
2º) Nos resulta extraño, injustificable e inadmisible la autorización de un aumento del 24 % esgrimiendo causas como la elevada inflación que incrementa costos e insumos en general y corroyendo utilidades, siendo que la inflación reconocida oficialmente por el INDEC en lo que va del corriente año está alrededor del 8 %. Solicitamos coherencia en este aspecto.
3º) El incremento promedio de salarios no llega al porcentaje autorizado en ninguno de los sectores asalariados, menos aun en el ámbito estatal municipal ni provincial.
4º) Estamos convencidos de que tanto gobierno, sector empresario y público en general conformamos una comunidad única y por lo tanto la solución debe ser útil a todos y no recaer sobre solo una de las partes. Particularmente el sector usuario del transporte urbano de pasajeros es el de menores recursos económicos, y por ende, una decisión de esta medida, los afecta sobremanera. Además, existen otros medios paliativos al incremento de costos aducido por el sector empresario, como lo es el reclamo conjunto de los gobiernos municipal y provincial ante el Gobierno Nacional para exigir una coherente y mas justa redistribución de los subsidios destinados al sector de transportes de pasajeros de todo el país; considerando sobre todo la suba de la recaudación impositiva, el superavit en la balanza de pagos y la existencia de grandes reservas en el Tesoro Nacional tan promocionadas por el Poder Ejecutivo Nacional.
5º) Vemos al Poder Ejecutivo Municipal como representante de los intereses de la mayoría de la población. Y como tal obligado a exigir a las empresas la correcta prestación del servicio, cumplimiento de frecuencias horarias, estado (mecánico y de limpieza) de unidades; es decir, los detalles inherentes a la calidad de la prestación servicio que deben ser indefectiblemente consideradas primordiales al evaluar la conveniencia y oportunidad para resolver la suba del boleto, lo que hasta el momento no vemos que efectivamente ocurra así. De hecho, se está incumpliendo algunos puntos acordados con la anterior gestión al momento de renovar la concesión de este servicio público, como lo es la reparación y puesta en condiciones de las paradas de ómnibus diseminadas por toda la ciudad, que actualmente se encuentran en pésimas condiciones.
6º) Visualizamos con delicada preocupación como el discurso oficial se contrapone (una vez más) con los hechos. Dice priorizarse la situación de los estudiantes secundarios y universitarios, con la educación como una política de Estado, pero se ha autorizado un aumento más que considerable para este segmento, y lo que es peor, se compara su situación con la de los estudiantes residentes en ciudades como Santa Fe o Córdoba, donde la densidad poblacional y las distancias recorridas son sustancialmente diferentes.
7º) Finalmente señalamos que en esta materia aún habiendo mucho por hacer estamos convencidos que el mecanismo a utilizar debe ser siempre aquel en el que prevalezca el sentido común, reconociendo que éste se trata de un servicio que debe ser prestado con calidad a la comunidad, sin por eso ir en desmedro del sector empresario.
