Paraná: La planta de tratamiento como punta del iceberg

Mayor aptitud receptiva y mejor disposición para compartir información, son los dos reclamos centrales que ambientalistas le realizan al Municipio. Los dirigentes plantean que la ubicación de la planta de tratamiento de la basura es sólo uno de los aspectos a abordar.

Por Víctor Fleitas

Es natural que las entidades ambientalistas administren un caudal informativo específico. Y debiera ser normal que las sociedades saquen provecho de ese capital social, que lo conviertan en insumo para el análisis, que lo busquen aplicar para mejorar las condiciones de vida, es decir, que ese conocimiento encauce las discusiones y sostenga los fundamentos, que los gobiernos no esquiven la responsabilidad de escuchar, explicar y dar respuestas técnicas y políticas en tiempo y forma, incluso en aquellos casos en que se tomaran decisiones que a las entidades no las terminen de satisfacer. Es central la circulación de miradas a escala social, esa puede ser una función de los medios de comunicación. Pero es elemental que las administraciones se vuelvan receptivas. Y a eso nadie lo puede hacer si no los propios gobiernos.
Con ese ánimo, se realizaron consultas a Vanesa Zehnder, coordinadora institucional de la Fundación Eco Urbano, y Jorge Daneri, de M’Biguá.

—La planta de tratamiento, ¿es el principio o el final de un proceso?
VZ: Obviamente, el tema es mucho más complejo que el destino final de los residuos. Hay un montón de pasos previos que tienen que ver con la generación de los residuos, cómo los disponemos, en una problemática que aparece además complejizada por la aparición de un sector conformado por los trabajadores informales de la basura, que son en realidad promotores ambientales porque están haciendo una labor socialmente valiosa.
Sintetizando: entiendo que hay que pensar en un plan integral, donde intervenga la educación del ciudadano, que es generador tipificado por la legislación nacional, que se tiene que hacer cargo de los residuos que produce. Y, a partir de ahí, todo lo que pasa con el residuo.

JD: Se arranca atendiendo los efectos, las consecuencias, cuando lo que se debe analizar profundamente son las causas. Y construir la gestión con la gente, que es lo que le falta a la toma de esta decisión de construir la planta. Se argumenta que es una decisión de emergencia, por la falta de presupuesto, por los problemas financieros que tiene la Municipalidad. Entonces, con todo cuidado digo esto, la emergencia vendría a potenciar una decisión casi irracional, producto de un estado de desesperación. En estos contextos, para tomar determinaciones acertadas, hay que ser amplios, generosos, y salir a buscar esa información que puedan portar los distintos sectores involucrados. En el caso nuestro, es necesario que los ciudadanos de Paraná sepamos de qué se trata para poder acompañar una decisión de emergencia o reconstruirla en base a una legitimidad que lo fortalezca al Intendente y a la gestión, porque de esa forma nos fortalecemos todos.

Referencias
—No debe ser Paraná la primera ciudad en que se plantea cómo resolver el tema de la basura. ¿En qué tiempo se han instrumentado planes de este tipo en localidades similares, cuál sería el plazo razonable para pensar en reemplazar El Volcadero?
VZ: Paraná necesita un nuevo sitio de disposición final. A esto no lo cuestionamos, no hay más que conocer el estado actual de El Volcadero, que tiene más de 90 años, que recibe 300 toneladas diarias de residuos sin ningún tipo de clasificación ni tratamiento. Pero también hay experiencias que nos pueden servir de referencia. No digamos de Europa, donde todo es muy diferente. En América latina hay ciudades que han pensado en procesos a mediano y largo plazo, que es un camino que no vemos que se esté intentando en Paraná.
Hay experiencias en ciudades más grandes que la nuestra, donde se ha instrumentado la separación en origen, como la mismísima Bogotá, en Colombia, o tantísimas en Brasil; en La Plata, sin ir más lejos, con un millón de habitantes, se han dado los primeros pasos en esta tarea que, como ventaja, se involucra al vecino, se lo vuelve protagonista y ya en su domicilio separa los residuos. Creemos que algo así se puede hacer en Paraná, a partir de iniciativas que contemplen la educación y la sensibilización del ciudadano.

JD: Hay dos escenarios que confluyen en la experiencia valiosa de Porto Alegre: resuelven la gestión de manera descentralizada, con muchos centros de tratamiento de residuos, pero a través de la aplicación del presupuesto participativo. Entonces, el profundo involucramiento de las comisiones vecinales a partir de la discusión del presupuesto municipal implica el nacimiento de la solución para el problema de la basura, con 20 o 30 lugares donde las vecinales, cooperativizadas, gestionan los residuos y los reciclan, lo cual genera trabajo formal, estable, serio.
Además, volviendo sobre la coyuntura nuestra, el tema es que la legislación vigente ya dice que para estas decisiones, vinculadas a alternativas de ubicación de plantas y de tratamientos, tiene que haber un proceso previo, es decir, estudios de impacto ambiental y evaluación independiente de esos estudios. Nosotros decimos iniciar una acción judicial para saber si esto se ha hecho o no, para tener la información básica en torno a lo que se dice que se quiere hacer. En fin, vemos con preocupación qué aplicable al caso es eso de poner el carro delante de los caballos.
En definitiva, a la luz de estas experiencias continentales y en respeto de las leyes vigentes, podríamos coincidir con Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en que estaríamos construyendo no ya una democracia además de representativa, participativa, sino también intensiva: aprovechar los conflictos para democratizar la democracia. Esta es la oportunidad que tiene Paraná.

—La impresión es que el problema tiene una complejidad que supera las posibilidades de solución no ya de este gobierno sino de cualquiera, en tanto no se logre involucrar a la sociedad...
JD: Una decisión política de estas características, que plantea un proceso de reformulación cultural, necesariamente debe ser una política de Estado que transversalice los términos de esta única gestión. En otros términos, para que el proyecto Halle referido a la gestión de los residuos sea perdurable, necesita tener la mayor legitimidad posible, sencillamente para que su sucesor no lo voltee, para evitar banquinazos, pero también para que la sociedad y su gobierno compartan la satisfacción por lo que está bien hecho.
La del residuo es una política a 40 ó 50 años vista. Y la única manera de construirlo es a partir de la unanimidad o de amplísimas mayorías en el Concejo Deliberante, con el apoyo de las vecinales, viendo cómo aplicar —ojalá— la metodología del presupuesto participativo, poniendo las alternativas de localización de la o las plantas a consideración de la gente y los sectores.

Amplio Espectro
—Por fuera de la bolsita en la puerta como fetiche del residuo, hay muchos otros aspectos vinculados a la problemática ambiental...
VZ: Los efluentes cloacales, los industriales...

—Qué es lo que hacemos con aquello que aparentemente ya no nos sirve, en definitiva...
VZ: Es así, la instalación y puesta en marcha de la planta no resuelve el problema de los arroyos, los cientos de microbasurales que permanentemente se están formando. Por eso, planteamos que debe haber una política educativa seria, para que todos nos sintamos responsables de los residuos pero, además, produzcamos menos basura, que es otro eje que debiera trabajarse desde las escuelas.
Apostamos a que se abran espacios para que, no sólo las ONGs ambientalistas que alguna experiencia tenemos, sino las comisiones vecinales, las escuelas, los empresarios y otras instituciones puedan participar y aportar su visión.

JD: El año pasado, seis meses antes de que Julio Solanas dejara la función, un puñado de organizaciones presentaron un proyecto ampliatorio del Código Ambiental de la ciudad de Paraná. En ese trabajo se intenta poner reglas de juego claras, se proponen mecanismos institucionales para la construcción de estas decisiones. En el anexo de este proyecto de ordenanza, que todavía tiene estado legislativo, se expresa cómo se debe hacer un estudio de impacto ambiental, cómo se evalúa, en qué casos debe realizarse, pero además se propone crear un consejo consultivo donde, no sólo intervengan las asociaciones ambientales, sino todas las organizaciones intermedias de la ciudad puedan expresar sus reparos y aportes antes de que la decisión sea tomada por el Ejecutivo, con todas sus atribuciones. Entendemos que ese consejo de medio ambiente y sustentabilidad debiera intervenir en estos casos, sin que sus dictámenes lleguen a ser vinculantes, en la tesitura de que las diversas miradas que allí se vuelquen le darán al Intendente un panorama que enriquecerá el sustrato desde donde producirá una decisión.

— ¿Qué pasó con ese proyecto de ordenanza?
JD: Está totalmente cajoneado.

Instituciones activas y más receptivas
— ¿Qué opinan de la institucionalidad en la ciudad, cómo ha sido el desempeño de la corporación municipal en tanto institución social frente a este problema?
JD: Quiero llamar la atención especialmente sobre el Concejo Deliberante. La ley 3.001 es clara en el sentido de que en estos temas el Concejo debe intervenir. Salvo excepciones, en general no advertimos de parte de la institucionalidad deliberativa el involucramiento debido. Además, nos preocupa —y así se lo hemos manifestado a la titular— el rol de la Defensoría del Pueblo. Hay una presentación que han hecho los vecinos pidiéndole que intervenga, que urgentemente analice lo que está pasando y, si correspondiera, que accione judicialmente. Y, la verdad, si las declaraciones del secretario de Ambiente reflejan cabalmente, la posición del Ejecutivo es preocupantemente cerrada: dicen que la gente está desinformada y eso es gravísimo porque entonces pueden tomar determinaciones erróneas pero fundamentalmente porque quien denuncia esto es el gobierno, que debiera ser responsable de hacer circular información calificada. Nosotros mismos, las entidades, hemos tenido que plantear un recurso judicial para poder acceder al programa que intentan aplicar.
Entendemos que es grave el escenario que se está configurando y que quien debiera reaccionar es la propia Municipalidad.

VZ: La gente tiene miedo, pero porque no tiene información. En las asambleas a las que concurren vecinos del sur hay mucha participación y hay seis mil firmas juntadas, lo que algo indica, ¿no?
Allá, se da un proceso particular, significativo, porque ha habido un programa piloto de separación de residuos en origen. Ellos saben de la complejidad de la problemática, conocen del tema tal vez más que en otros sectores de la ciudad porque, en 2005, hubo una versión de que querían trasladar El Volcadero al Parque Muttio. Aquella vez hubo una reacción similar y esa situación condujo a un proceso participativo donde los vecinos y las organizaciones se embarcaron en la separación de los residuos en origen.

—Corrijan si se ha malinterpretado: falta una mesa a la que se puedan sentar los que tengan algo para decir...
VZ: Al igual que con la resolución 125, la de las retenciones móviles, entendemos que es el ámbito legislativo el que está en condiciones y, a la vez, debe convocar a los sectores para encarrilar el proceso.
JD: De ese modo, le dará seguridad jurídica al inversor, a la sociedad y al ciudadano y, por si fuera poco, legitimidad social a una decisión.

Fuente: El Diario

Organizaciones ambientalistas de Paraná presentaron un amparo por acceso a la información pública ambiental

La presentación se hizo ante la Sala 2 de la Cámara 2da de Apelaciones en lo Civil y Comercial con el objetivo de acceder a la información pública ambiental en lo relacionado con la futura planta de tratamiento de residuos.

Ante la falta de respuesta de la Municipalidad de Paraná al pedido de información oportunamente solicitado, las organizaciones Fundación Eco Urbano, Proyecto Tierra y Fundación M’Bigúa presentaron una acción de amparo con el objetivo de lograr, por la vía judicial, el acceso a los detalles en torno al proceso puesto en marcha con el llamado a licitación para la construcción de una planta de tratamiento de residuos, a través de un Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

“Como vecinos de esta ciudad y miembros de organizaciones que hace años vienen trabajando e involucrados en la problemática socioambiental de la ciudad, y no habiendo sido informados y consultados sobre tan delicada materia por los representantes democráticos de nuestra ciudad, nos hemos visto obligados a interponer esta acción de amparo para poder obtener la información necesaria que nos permita brindar nuestra opinión concreta sobre la cuestión”, manifestaron desde las organizaciones.

A grandes rasgos, se ha solicitado al Ejecutivo Municipal tenga a bien entregar copia certificada del proyecto, anteproyecto, o idea de proyecto que motiva el llamado a licitación, los estudios de impacto ambiental (EIA) realizados al respecto, informes sobre los trabajos técnicos y sociales que avalan la decisión técnica y política tomada, sobre la participación que tendrán los trabajadores informales de la basura, cartoneros y cirujas de nuestra ciudad en este proyecto, sobre el saneamiento y erradicación del actual Volcadero Municipal y las intervenciones que haya tenido en esta instancia el Concejo Deliberante.

“Nos preocupa sobremanera la falta de apertura de las autoridades municipales frente a esta situación. Especialmente, porque en detrimento de nuestros derechos, se están tomando decisiones sin someterlas a un amplio proceso de debate y concertación pública, lo que debilita profundamente nuestras instituciones y vuelve insustentable este proceso”, manifestaron.

“Estamos convencidos que una política de gestión integral de los residuos es absolutamente necesaria para nuestra ciudad, pero la misma debe formularse, gestionarse y ejecutarse escuchando y abriendo espacios para todos los sectores, como garantía de una democracia más participativa”, finalizaron diciendo los integrantes de las organizaciones ambientalistas.