Sobre monopolios y algo más: La nefasta fusión de Cablevisión y Multicanal

Pocos días antes de finalizar su mandato, el (¿ex?) presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que autorizaba la "concentración económica" de las empresas de televisión por cable Multicanal y Cablevisión, las cuales han pasado a estar controladas en su totalidad por el Grupo Clarín. Esto fue posible luego de una resolución del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien de esta manera aceptaba el dictamen llevado a cabo por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) donde recomendaba autorizar la fusión de las dos companías.

De esta manera, se da lugar al mayor operador de cable en toda la región, que seguirán operando con sus respectivas marcas. Cabe destacar que en la actualidad, cuentan con 2.800.000 abonados a la TV por cable y 620.000 al servicio de Internet de banda ancha en todo el país.

A su vez, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a fin de "regular y evitar comportamientos monopólicos" obligó (como le tienen tanto miedo!) a Clarín a seguir una serie de compromisos establecidos por el término de dos años:

• Una inversión permanente y significativa que permita extender el servicio de TV por cable y acceso a Internet en las localidades en las cuales se encuentran operando, incrementando la capacidad de su red, según los plazos y condiciones establecidos previamente en cada area. Según trascendió, se prevee "acelerar el despliegue de una nueva red troncal nacional incorporando un anillo de fibra óptica sin precedentes en nuestro país para un operador de radiodifusión".
• También el compromiso que garantice de manera "progresiva" el aumento de la inversión en el desarrollo de la red digital, que permita ir aumentando el número de usuarios que puedan acceder a esta clase de servicios con mejor calidad de imagen y sonido, mayor oferta de programación y la posibilidad de contar con nuevos servicios que serán incorporados.
• En cuanto a la programación, obligan a garantizar una ubicación "razonable" en las grillas, tengan o no relación comercial con el multimedios, asegurando una provisión normal de señales informativas, de entretenimiento y deportivas, "garantizando el pluralismo y la libertad de expresión".
• Deberán garantizar conexiones gratuitas para todas las escuelas públicas de las ciudades donde operen las empresas, y depediendo la densidad demográfica, también para hospitales, comisarías, cuarteles de bomberos, centros de salud y hogares públicos de ancianos.
• Por último, establece una tarifa social para sectores carenciados, quienes deberán contar con un abono reducido que incluirá a las señales de aire y diez señales de cable como mínimo, aunque hasta ahora no han informado de qué manera lo van a implementar.

Hasta acá, todo parece muy lindo. Pero, ¿ qué hay detrás de esta "concentración empresaria"?. En primer lugar, estamos hablando de una fusión, que viene funcionando "de hecho" desde principios del año pasado. Luego de anunciado la unificación, las grillas de los cableoperadores se unificaron en las ciudades más inportantes y la tarifa ha aumentado en distintos porcentajes, llegando a montos realmente elevados. A decir verdad, en Paraná, de $56.90 que se pagaba en enero de 2007 se pasará a $72.90 a partir de febrero próximo, mientras que en Capital Federal el precio básico ya ronda los $80. Obviamente esto es para las dos empresas por igual, anulando la posibilidad de la competencia.

Otro dato es la asfixia que a partir de ahora podrán ejercer sobre los pequeños cableoperadores, la mayoría de ellos provenientes del interior del país, puesto que Multicanal-Cablevisión se ha convertido en el auténtico "formador de precios" del negocio, ya que decide donde aumentar unilaterlmente su tarifa (siempre en aquellos donde la única competencia es DirecTV puesto que no opera otra empresa) y donde realizar "promociones" y "descuentos" engañosas en el abono básico, a fin de evitar la migración de clientes. Y es importante destacar que la CNDC no ha emitido opinión alguna sobre la tarifa, solo indicó que debía mantenerse en "límites razonables" (vaya a saber uno a que consideran racional ellos) y que el precio en aquellos lugares donde no exisitiera otra opción debía ser similar al de Buenos Aires.

También han existido conflictos por la provisión de los partidos de fútbol de primera división, negocio multimillonario como ningún otro, de cuyos derechos también el Grupo Clarín es dueño, ya que se encarga de la venta de las señales TyC Sports y TyC Max, las cuales han sido negadas en el pasado a otros cableoperadores o han sido ofertadas a precios altísimos, de manera de mantener la exclusividad de la transmisión de los partidos.

En síntesis, una operación que consolida el monopolio en la TV por cable de este multimedios. Un hecho muy grave desde el punto de vista institucional, donde parece que el Gobierno no tiene nada para decir: en las capitales más importantes del país, entre Multicanal y Cablevisión llegan a concentrar el 70% de los abonados. Cuando se pone en riesgo la libertad de expresión y se avasallan los derechos de los consumidores, quienes no tienen la "opción de elegir" por un sistema de cable determinado, estamos hablando (como dijimos antes) de un monopolio con todas las letras, más allá de que muchos digan que esto no es así.

En ningún país serio alguien firmaría un decreto que avale semejante villanía, limitando la libertad de las personas, a través de monopolios descarados. La libertad del hombre es una cosa seria. No puede estar en manos de grupos de poder, dicha concentración va en contra de esta libertad genuina del hombre. Una vez más, la sociedad sumisa y "teledirigida" por los medios masivos de comunicación (como lo ha definido Giovanni Sartori) parece no comprender la magnitud de los hechos: a partir de ahora, un grupo emperesario tendrá el poder de intervenir y decidir constantemente sobre qué y cómo tenemos que ver en TV los argentinos, mientras persigue a la competencia, justifica y legaliza las prácticas monópolicas y una vez más, es beneficiado por las bondades de los gobernantes de turno.

Esto ya sucedió en la decáda del '90, cuando Menem estatizó una parte de la deuda del Grupo Clarín y la transfirió al sector público. Una deuda que hoy estamos pagando todos los argentinos.

Por eso, nuestro repudio a esta fusión ilegal, que ya ha sido impugnada por varias PYMES de todo el país en el marco de una batalla judicial que se ha desatado puesto que todavía no se publicó la resolución en el Boletín Oficial.

En el próximo post, un informe de lo que he dado en denominar "Operativo Independencia"