Disimuladamente, Halle aumentó las tasas un 70% promedio mediante un decreto

Después de haber ampliado por un año más, la Emergencia económica, financiera y de los servicios públicos de la Municipalidad de Paraná mediante un decreto, el intendente Jose Carlos Halle decidió -mediante otro decreto-actualizar el valor de los avalúos fiscales de los inmuebles (terrenos y construcciones), número sobre el que se calcula el monto final de los dos tributos de mayor alcance en la ciudad: la Tasa General Inmobiliaria (TGI) y la Tasa por Servicios Sanitarios (TSS). En otras palabras, decretó un aumento general de las tasas municipales, de un promedio del 70%, aunque en algunos casos el monto que actualmente se abona directamente se duplicará.

El incremento se verá reflejado en las próximas boletas y variará según la ubicación de la propiedad, las características de construcción (en el caso de las mejoras) y la prestación de servicios públicos.
La actualización se produce justo al cumplirse tres años de la aplicada por la gestión de Julio Solanas, que significó aumentos de hasta casi el 100 % para algunas franjas de vecinos y una gran controversia en la ciudad. Aumento que fue duramente criticado durante la campaña electoral del año 2007 por todos los candidatos a intendente, y siendo su revisión y/o eliminación una de las promesas más importantes hechas por algunos de ellos. Sin embargo, hoy nadie se atreve a comparar los hechos entre sí, ya que, palabras más, palabras menos, el partido gobernante es el mismo. Y no es precisamente el justicialismo local un buen candidato para "resistir el archivo".

Lamentablemente, vemos repetirse prácticas que se han vuelto habituales en el año de gestión de la actual conducción que está a cargo del municipio. La nula intervención del Honorable Concejo Deliberante para discutir temas trascendentales que afectan a la totalidad de la estructura financiera y económica del municipio, pero, por sobre todo, que tienen un impacto considerable sobre los bolsillos de los vecinos de Paraná. Si bien se ha informado que se ha exceptuado de esta medida a los jubilados y pensionados, así como a los sectores más desfavorecidos, permitamósnos dudar de los reales alcances de esta "excepción", la que manifiestan como una "acción progresista". El progresismo no es algo que caracterice a las medidas gubernamentales de las distintas expresiones políticas que han gobernado la capital entrerriana: según estudios privados, Paraná es una de las ciudades con mayor presión fiscal del país, por lo cual, desde el "vamos", nuestra situación es notoriamente diferente frente a otras urbes de nuestro país (tal y como sucede cuando comparamos los servicios, como el transporte público de pasajeros). Progresismo sería exceptuar del pago de las tasas a los vecinos de los barrios adyacentes al Volcadero Municipal (San Martín, Balbi, Antártida Argentina, La Floresta, Mosconi)por habitar una zona francamente insalubre, hasta tanto se logre la clausura definitiva y el saneamiento de dicho predio, por citar solo un ejemplo.


¿Cuál es la justificación? La misma de siempre: el elevado costo de los insumos que no deja de crecer, producto de una inflación galopante que devora los ingresos de los sectores bajos y medios (además de eliminar cualquier perspectiva de "ascenso social") y que supera lo recaudado para financiar la adecuada prestación de los servicios públicos (que en muchos casos, justo es decir, lejos está de ser la "adecuada"). Inflación que es causada por las nefastas políticas económicas del gobierno nacional, con el cual la administración municipal está claramente alineada, y por lo tanto, cómplice por omisión. No pide políticas que apunten a estabilizar la situación económica, a distribuir el ingreso de manera eficaz para enfrentar la actual crisis o coparticipar los ingresos mediante un nuevo régimen más justo y equitativo, que contemple las reales necesidades de las provincias y los municipios.

Para el revalúo se consideró la cercanía de prestaciones tales como: alumbrado, barrido, recolección de residuos y ramas, agua potable, cloaca, transporte público, control en el tránsito. Esto es un error, profundo y grave, porque "distinguir" según la cercanía o "calidad" de las prestaciones es admitir y legitimar las diferencias existentes entre las distintas zonas de la ciudad. Legitima una "regla de juego" que tendría que cambiar, no instaurarse como si tuviera real validez.

También se tuvo en cuenta la calidad de las construcciones, trabajo que arrojó “una actualización de los valores básicos por metro cuadrado en forma equitativa, diferenciando los montos según las calidades constructivas”, se explicó. Todo esto sin ningún estudio técnico previo que sustentara el revaluo fiscal, o por lo menos, sin darlo a conocer públicamente en caso de que así exista. Por último, que esta medida se haya aplicado mediante un decreto y no a través de una ordenanza, desdibuja el rol del Concejo Deliberante -como decíamos antes- y neutraliza cualquier potencial crítica o aporte que se pueda o quiera hacer desde la oposición. Una "escribanía del Ejecutivo" es lo que menos requiere Paraná, ávida de más democracia y participación ciudadana, y de menos decretos y "emergencia económica", que frente a este panorama no aparecen como reales herramientas para una mejor calidad institucional.